Por Alina Archundia Ramírez
*Personas sujetas a prisión preventiva por delincuencia organizada, no gozan de esa prerrogativa: SCJN
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) determinó que las personas sujetas a prisión preventiva y
procesadas por delitos de delincuencia organizada no tienen derecho a ser
recluidas en un centro de internamiento especial, cercano a su domicilio o
comunidad, durante el desahogo de su juicio.
La SCJN emitió la siguiente información luego de que esta
mañana la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara a juez sujetar a
prisión preventiva justificada al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio
Lozoya quien acudió hoy a lo que fuera su primera audiencia presencial en el
Reclusorio Norte por el caso Odebrecht
Durante la primera parte de dicha comparecencia, el juez de
control, Artemio Zúñiga, del Reclusorio Norte, otorgó una prórroga de 30 días
más a la defensa del Lozoya para recabar y presentar pruebas a su favor por la
investigación relacionada con el esquema de sobornos de la empresa brasileña.
El ex funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto está
acusado precisamente por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En este contexto, la SCJN precisó en un comunicado que su determinación
“emana de un amparo indirecto promovido por una persona a quien se le impuso
prisión preventiva por el delito mencionado”, en contra de la negativa a su
solicitud para ser trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social más
cercano a su domicilio.
El Tribunal Unitario de Amparo del conocimiento negó la
protección federal y en desacuerdo el imputado interpuso un recurso de revisión
que fue remitido a este Alto Tribunal.
En su sentencia, la Primera Sala consideró que las personas
sujetas a prisión preventiva están sujetas a una regulación especial,
atendiendo a la naturaleza propia de esa medida cautelar, cuyos fines son
preservar el proceso a través del aseguramiento de la presencia del inculpado,
la ejecución de la pena y la integridad de la víctima u ofendido, así como la
tranquilidad social.
Al respecto, la Sala precisó que la determinación del
centro de reclusión en el que la persona imputada o procesada deba permanecer
en prisión preventiva se fija en función de la cercanía del lugar en el que se
desarrolla su procedimiento.
En este sentido, la Primera Sala sostuvo que el derecho de
las personas a estar internas en un centro de reclusión más cercano a su
comunidad o domicilio, previsto en el artículo 18, párrafo octavo, de la
Constitución Federal, corresponde solo a aquellas que han sido sentenciadas y
que no hayan sido condenadas por la comisión de delitos de delincuencia
organizada o que requieran medidas especiales de seguridad, en cuyo supuesto se
encuentran excluidas de tal prerrogativa.
Además, la Sala apuntó que este derecho no es autónomo,
sino que deriva del derecho a la reinserción social que únicamente se reconoce
a las personas sentenciadas y no así a quienes se encuentran sujetos a un
proceso penal pendiente de resolución.
Así, la Primera Sala concluyó que una persona solo puede
gozar del derecho a compurgar la pena impuesta en un centro de reclusión
cercano a su domicilio si ha sido sentenciada por delitos distintos a los de
delincuencia organizada.
Esto, con objeto de propiciar su reintegración a la
comunidad como forma de reinserción social. Por lo tanto, el beneficio
analizado no es aplicable por extensión a las personas sujetas a prisión preventiva,
más aún cuando se trata de delitos respecto de los cuales no se tiene acceso a
ese derecho.
Además, la Sala apuntó que este derecho no es autónomo,
sino que deriva del derecho a la reinserción social que únicamente se reconoce
a las personas sentenciadas y no así a quienes se encuentran sujetos a un
proceso penal pendiente de resolución.
Así, la Primera Sala puntualizó que una persona solo puede
gozar del derecho a compurgar la pena impuesta en un centro de reclusión
cercano a su domicilio si ha sido sentenciada por delitos distintos a los de
delincuencia organizada.
Esto, con objeto de propiciar su reintegración a la
comunidad como forma de reinserción social. Por lo tanto, el beneficio
analizado no es aplicable por extensión a las personas sujetas a prisión
preventiva, más aún cuando se trata de delitos respecto de los cuales no se
tiene acceso a ese derecho.
