Resulta que hace más de dos décadas, cuando el entonces presidente del IFE, José Woldenberg, recordó a las consejerías que la igualdad entre integrantes del Consejo General se expresa esencialmente en el momento de votar, nadie habló de autoritarismo, concentración de poder o ruptura de la colegialidad. Se entendía, simplemente, que la ley asigna funciones distintas a quien preside la institución.
Por eso llamó la atención que una reflexión similar formulada recientemente por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala —en el sentido de que todas las consejerías tienen la misma investidura, pero la Presidencia cuenta con atribuciones que las demás no poseen— haya provocado incomodidad en algunas conserjerías.
La pregunta es inevitable: si el argumento era válido cuando lo pronunciaba Woldenberg, ¿por qué deja de serlo cuando lo expresa Taddei?
Al final, ni las atribuciones presidenciales nacieron en 2023 ni la colegialidad significa que todas las responsabilidades sean idénticas. Así lo establecía la ley entonces y así lo establece ahora.
Quizá el debate de fondo no sea jurídico, sino político. Porque hay quienes entienden perfectamente la diferencia entre igualdad en la deliberación y atribuciones en la conducción institucional. Y también hay quienes, por conveniencia, prefieren no entenderla.
Y Sepa la Bola pero México ha sabido cerrar filas cuando se trata de defender su soberanía frente a presiones externas. Hoy, desde el gobierno federal, se hace un llamado a la unidad nacional ante cualquier intento de intromisión en las decisiones del país. Sin embargo, esa misma cohesión resulta urgente y necesaria frente a una de las crisis más dolorosas que enfrentamos como sociedad: la desaparición de personas.
Vivimos en un país donde, con demasiada frecuencia, alguien desaparece sin dejar rastro. En ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara o Veracruz, la ausencia se vuelve cotidiana y, peor aún, normalizada. Pareciera que habitamos un territorio donde nadie ve, donde nadie sabe, donde el silencio se impone como regla.
Esta tragedia no sólo ha arrebatado miles de vidas de sus hogares, también ha obligado a las familias a convertirse en buscadoras, en investigadoras, en defensoras de sus propios derechos. Son ellas quienes, en medio del dolor, han encontrado fuerza en la colectividad para resistir y seguir buscando.
Pero la desunión social y la indiferencia institucional y ciudadana siguen siendo terreno fértil para que este fenómeno continúe. Mientras no haya una respuesta articulada, firme y solidaria, el problema persistirá.
Así como se convoca a la unidad frente a amenazas externas, México necesita unirse contra la desaparición de personas. Es indispensable que todos los sectores —empresarios, artistas, líderes sociales, gobernadores y actores políticos— asuman su responsabilidad y participen activamente en la construcción de soluciones reales.
No basta con reaccionar ni con perseguir a quienes cometen estos delitos. Se requieren acciones profundas de prevención, atención y acompañamiento a las víctimas. Se necesita voluntad política, coordinación y, sobre todo, una sociedad que deje de mirar hacia otro lado.
La desaparición de personas no puede seguir siendo una tragedia aislada para quienes la padecen. Debe convertirse en una causa nacional.
