La nueva Ley de Aguas Nacionales es resultado de un “soborno” de la iniciativa privada al Gobierno Federal y representa una legislación “punitiva e impositiva” para los productores del campo que, en el corto mediano y largo plazo desembocará en una revuelta social y la creación de defensas comunitarias del agua en ejidos y comunidades, advirtió Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.
Al analizar la legislación en lo general aprobada por “mayoriteo” en la Cámara de Diputados y Senado de la República, dirigente campesino expuso que también se legitima “a prisa las concesiones otorgadas a la industria refresquera, cervecera, lechera, minera y la vinculada al fracking, en los últimos cuatro sexenios presidenciales recientes”.
El soborno que aceptó la Presidenta de México fue la entrega de más de 3 millones de metros cúbicos de agua para liberar una ley que castiga a los que menos tienen y valida el acaparemiento.
Detalló que también se trata de una ley punitiva porque ahora con cualquier pretexto o error del concesionario o ejidatario podrá imputarse un delito de índole federal que estaría en manos de la Fiscalía General de la República.
Además, explicó que es impositiva porque se cobrarán más impuestos por el uso de agua en el medio rural.
De tal suerte que, reiteró, no se garantiza el derecho al agua, se protege a los millonarios del agua y se castiga la producción de alimentos en tierra fértil cuya prioridad será el vital líquido.
Las prisas por aprobar una ley hecha a capricho y conveniencias sin antes auditar a todos y cada uno de los usuarios en donde figuran no solo productores tradicionales e industrias de alto potencial económico sino también políticos emanados del PRI, PAN, PRD y MORENA quienes en funciones como servidores públicos se han beneficiado de los gobiernos en turno.
Como ejemplo, expuso, está el caso de un ejido en Guanajuato, donde meses antes de que se analizara y aprobara dicha ley las concesiones se redujeron de 10 a 4 años y el volumen de agua se disminuyó en un 40 por ciento lo que demuestra que la trampa ya estaba desde antes de aprobar la Ley violentando otros preceptos constitucionales.
Advirtió que ante la inconformidad, los productores mantienen cierres carreteros en Guanajuato, Michoacán y Jalisco así como en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua y Baja California con posible movilización a la CDMX para este sábado 6 de diciembre.
Afirmó el dirigente de la UNTA que “el agua en el campo es la vida, porque sin agua no hay sobrevivencia; de tal manera que estamos frente a un estira y afloje entre el Estado Mexicano y los dueños del agua cuando en el fondo, lo que debieron hacer una rigurosa auditoría para determinar, con nombre y apellido, título por título, quiénes son los que han acaparado las concesiones en los últimos años comprándolas, rentándolas ó recibiendo transferencias”.
