Redacción
El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó este martes de que la economía de México se ha ralentizado, al pronosticar ahora un crecimiento del 1.5 % para 2024, siete décimas por debajo del 2.2 % que calculaba en sus previsiones del mes de julio pasado.
Estas nuevas previsiones del FMI, que forman parte de su informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO, por sus iniciales en inglés), también reducen, en este caso en tres décimas, el crecimiento previsto para el PIB de México en 2025, hasta situarlo en el 1.3 %.
“La actividad se está desacelerando. A pesar de una política fiscal expansiva, el crecimiento se está ralentizando (…) en parte por las restricciones de capacidad vinculantes y por una política monetaria restrictiva”, expuso la entidad.
La pasada semana, el FMI emitió el reporte preliminar tras concluir con una misión en México como parte del artículo IV del organismo para monitorear la situación de los países que califican para préstamos.
En este documento calculó, asimismo, que el país estará cerca de la meta del Banco de México (Banxico) de tener una inflación general del 3 % en el año 2025, aunque para el presente ejercicio de 2024 anticipó una tasa del 4.5 %.
“Los riesgos para el crecimiento están sesgados a la baja mientras que los de la inflación al alza. Un crecimiento más débil de lo esperado en Estados Unidos, un incremento en la aversión global al riesgo y efectos imprevistos de las reformas institucionales (de México) podrían pesar en el resultado”, detalló.
El organismo recomendó al Gobierno de Claudia Sheinbaum, que tomó posesión de su cargo el pasado 1 de octubre, una estrategia fiscal a medio plazo para reducir el déficit y la deuda, incrementar los ingresos tributarios y crear espacio fiscal para inversiones en capital humano y físico.
También sugirió aprovechar el fenómeno de la relocalización de cadenas de valor o ‘nearhsoring’.
Sin embargo, alertó de que las recientes reformas judiciales, que instauran la elección popular de los jueces y la Suprema Corte a partir de 2025, crean “importantes incertidumbres sobre la efectividad del cumplimiento de contratos y la predictibilidad del Estado de derecho”.
