¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal parar emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Esta es la pregunta que se hará en la consulta del próximo 1 de agosto que el gobienro federal solicitará de la ciudadanía para enjuiciar a ex presidentes sin mencionarlos.
Durante el acto de la firma del convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo la consulta, el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, dijo que en torno a esta pregunta cada ciudadano y ciudadana podrá votar de manera libre y directa por el sí o po el no.
El convenio que firmaron hoy ambas instancias incluye que el gobierno de la ciudad podrá ayudar con la concesión; para el uso temporal y gratuito y espacios para colocar y distribuir carteles, trípticos y volantes, entre otros alusivos a la consulta popular.
También el GCDMX participará para organizar el desarrollo en las instalaciones de las juntas ejecutivas a nivel local, para prevenir riesgos durante el resguardo de la documentación de la consulta popular.
La autoridad local gestionará el préstamo y el uso de instalaciones de inmuebles administrados por el Gobierno de la Ciudad de México, por las alcaldías o direcciones territoriales que corresponda para la instalación de las mesas receptoras de la consulta popular.
También en materia de seguridad pública, el Gobierno de la Ciudad de México dará apoyó vial para que los vehículos de carga, que transporten la documentación y materiales de la consulta popular circulen por eje viales y avenidas principales.
Para salvaguardar la integración física de las y los participantes y asistentes electorales, para la vigilancia de los asistentes de la consulta popular, para la vigilancia y resguardo del inmobiliario que se ocupará; para el monitoreo del desarrollo de la jornada de la consulta popular; para la vigilancia durante el cómputo de algunas receptoras de la consulta popular, para facilitar el traslado ágil y seguro de los paquetes electorales, para la vigilancia externa de las instalaciones de las juntas ejecutivas; y para la vigilancia externa de las instalaciones de las justas distritales ejecutivas.
“De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México coadyuvará con aquellos aspectos que el Instituto Nacional Electoral requiere para el buen curso de la consulta popular que se realizará el día 1 de agosto”, dijo el funcionario.