Red de Corresponsales
Los organismos autónomos responden a una exigencia ciudadana de contar con instancias técnicas, especializadas e independientes como factores de equilibrio del poder, sostuvo la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Estoy luego de que el presidente Andrés Manuel López reiterara en su conferencia mañanera de este jueves que enviará una reforma administrativa para desaparecer organismos autónomos, como el Inai, el IFT y la Cofece, el presidente a lo que acusó que de estos “no hacer nada de nada” en beneficio de la población y que sus integrantes “ganan muchísimo”.
En ese sentido la presidenta del INAI aseguró que las instituciones autónomas “son una exigencia social emanada de un contexto que obliga a que hoy, naturalmente, se combata la desconfianza a un sistema institucional que resguarda sus acciones y decisiones como secretos de Estado”, destacó al participar en la presentación del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, elaborado por el World Justice Project.
Destacó además que “el INAI es una instancia que es resultado de un largo proceso de consolidación democrática y maduración institucional”.
Así lo mencionó durante la presentación del más reciente Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), que mide el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas, para lo cual, retoma el marco conceptual y metodológico que se aplica a nivel global, con las adaptaciones pertinentes para reflejar la arquitectura institucional de México y las competencias de los distintos órdenes de gobierno.
En ese sentido, Lorenzo Córdova Vianello Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que el Índice es una valiosa herramienta que captura las experiencias y perspectivas de la población en general, así como de especialistas, sobre diferentes dimensiones del Estado de Derecho. “Este año, uno de los factores que influyen en las tendencias, fortalezas y debilidades institucionales del país, es el proceso electoral que actualmente se vive”, precisó.
Por su parte Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmó que el Estado de Derecho es imprescindible para el desarrollo de un país democrático, pues “brinda certeza jurídica en el ejercicio público y permite a la ciudadanía encontrar espacios institucionales para dirimir sus controversias, hay que entender que el Estado de Derecho debe proteger la dignidad de las personas y promover su desarrollo”, subrayó.
En tanto, Elizabeth Andersen, Directora Ejecutiva del World Justice Project, señaló que la pandemia ha retrasado la agenda del Estado de Derecho de muchas maneras y ha erosionado los controles de la autoridad, lo que ha dado lugar a casos inquietantes de corrupción y ha conducido a un aumento de la violencia de género y delitos motivados por el odio, por ello, es primordial “trabajar juntos para avanzar”, enfatizó.
Al tomar la palabra Diego Sinhue, Gobernador de Guanajuato, comentó que un Estado de Derecho fuerte significa certidumbre y confianza, “pero éste no puede ser un tema subjetivo como muchos otros, tiene que ser basado en datos y ser medido”, dijo.
Claudia Pavlovich, Gobernadora de Sonora, sostuvo que está convencida de que el fortalecimiento del Estado de Derecho debe ser una prioridad para todos los gobiernos, “pero como dicen, lo que no se mide, no se puede mejorar”, asentó.
Mauricio Vila, Gobernador de Yucatán, consideró que el Estado de Derecho es una de las más grandes fortalezas que han caracterizado a la entidad, “entendiendo que es un principio de gobernanza en el que nadie, ni nada, está por encima de la ley”, planteó.
Jesús Moya, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora, indicó que “el papel de los órganos autónomos, como contrapeso de cualquiera de los poderes, es sumamente importante en la sociedad actual de nuestro país”.
La tercera edición del IEDMX 2020-2021 presenta nuevos datos e indicadores organizados en los ocho factores que lo integran: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal
