*La duración de ciertos cargos previstos en la Carta Magna es un elemento republicano de equilibrios y balances entre los poderes públicos, afirma.
Redacción
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exhorta a defender la supremacía de la Constitución y respetar la Carta Magna ante cualquier reforma legal que se promueva, particularmente aquellas que impacten a las instituciones democráticas del país.
“En un estado constitucional de derecho, el diseño de los principales cargos en los poderes públicos no debe modificarse respondiendo a cualidades personales ni a coyunturas específicas. La duración establecida en la Constitución para ciertos cargos es un elemento republicano que obedece al espíritu democrático de equilibrios y balances entre los poderes públicos”, afirmó la organización.
De ser el caso, agregó el CCE, una ampliación del periodo o cualquier modificación en este tipo de cargos debería tener efectos a partir de la próxima designación, sin aplicar para la responsabilidad actual.
La cúpula empresarial afirmó que el precedente que dejaría la ampliación de cargos que se impulsa es negativo para el sistema democrático, ya que si pueden extenderse los cargos públicos cuya designación está definida en el marco constitucional y legal, sin previa modificación de dicho marco y a través de un artículo transitorio, abriría la puerta a intentos de modificación de periodos y responsabilidades, establecidos en la Constitución, de los encargos de otros funcionarios de poderes y órganos autónomos tanto a nivel federal como local.
El CCE, encabezado por Carlos Salazar Lomelín, exhorta al Poder Legislativo a reconsiderar el contenido del artículo transitorio que amplía la duración de los cargos en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que es violatorio del Artículo 97 de la Constitución.
La labor del Poder Judicial es un eslabón crucial para garantizar un Estado de Derecho en favor de todos los mexicanos, por lo que es relevante garantizar su autonomía y fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones nacionales.
