Red de corresponsales
Esta mañana, durante la sesión de la LX Legislatura del Estado de México, se aprobaron las penas contra aquellas personas que encabecen la realización de terapias de conversión sexual.
Con este histórico resultado, la entidad mexiquense se convierte en el segundo estado del país en tipificar las terapias de conversión sexual como delito, luego de que Ciudad de México lo hiciera en julio de este año.
Con 53 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, la propuesta de reforma del Código penal fue aprobada. Los votos contrarios fueron realizados por diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y por Imelda López, integrante del Partido del Trabajo (PT).
Las penas serán de uno a tres años de cárcel, de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 a 200 días de multa contra toda persona que “someta, coacciones u obligue a otra persona a recibir o realizar” algún procedimiento que tenga como finalidad “cambiar su orientación sexual”.
Dichas multas pueden aumentar hasta un 50% si este delito se comete contra menores de edad, personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, adultos mayores o a personas privadas de su libertad.
Esta propuesta fue presentado por Beatriz García Villegas, diputada local de Morena por el distrito 28 con cabecera en Amecameca. Además, el dictamen estuvo impulsado por la asociación civil Fuera del Clóset y por la Red de Defensores de la Diversidad Sexual . Durante su participación, García advirtió que la comunidad LGBTTIQ+ ha sido víctimas de intimidaciones, agresiones y hasta asesinatos con el motivo de modificar su orientación sexual.
En este sentido, también dijo que los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) fueron una falsa promesa, y que quien haya sido responsable de estas terapias orillaron a sus víctimas a un deterioro de salud, lo que provocaba muertes prematuras.
El diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada del PRD, dijo que este es un día muy importante, pues se dio un paso gigante para los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, aunque también señaló que “aún hay cuentas pendientes para garantizar la justicia y la igualdad de este sector”.
