Redacción
En un hecho que generó desconcierto general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró constitucional la consulta popular para enjuiciar a expresidentes que promueve el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con lo que la máxima casa de legitimó someter al criterio de la gente la aplicación o no de la justicia.
De esta manera, con seis votos a favor y cinco en contra, los ministros calificaron de constitucional la consulta ciudadana presentada por el presidente López Obrador, quien ayer y hoy por la mañana ya había adelantado que minimizaría lo que resolviera la SCJN en la materia, al advertir que presentaría una iniciativa constitucional para consumar su cometido.
En este sentido, a favor de declarar la constitucional de la consulta, se colocaron los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (presidente de la SCJN), Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara.
En tanto, los ministros que votaron en contra de la constitucional de la consulta popular fueron Luis María Aguilar (ponente del proyecto), Jorge Mario Pardo, José Fernando Franco, Jorge Mario Pardo y Norma Lucía Piña Hernández.
Al inicio de la sesión, el ministro Luis María Aguilar fundamentó su proyecto y expuso por qué la consulta debe declararse inconstitucional al explicar que los derechos humanos no son elegibles, por lo que afirmó que la consulta es violatoria del principio de igualdad, ya que no se establece por qué a unas personas se les debe enjuiciar y a otras no.
En tanto, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, destacó la importancia de las consultas ciudadanas para establecer la democracia participativa.
Dijo “no nos corresponde ser una puerta cerrada, sino un puente” para que las personas puedan intervenir en las decisiones trascendentales.
Entre las posiciones en contra de la consulta, destacaron los argumentos de que no se debe someter a escrutinio de la población la aplicación de la ley, por lo que es responsabilidad de la autoridad instruir a las instituciones responsables investigar y aplicar las sanciones correspondientes, en caso de que se acredite.
