Redacción
Del 2015 al 2020, la deforestación en México ha ido en aumento, con un promedio neto anual de 127 mil 800 hectáreas. La deforestación ha contribuido directamente a acentuar las sequías y, junto con otros factores del cambio climático, esto se traduce en escasez de agua para el consumo humano, la industria y la agricultura.
Así lo revela la nota factual Resiliencia ante el cambio climático: Avances en adaptación y acciones para prevenir la deforestación en estados mexicanos, presentada hoy por CDP Latin America y la Comunidad Climática Mexicana (CCM), resultado de una encuesta realizada a 26 entidades federativas —que concentran al 77.4 por ciento de la población del país— sobre sus acciones y políticas ambientales y climáticas.
Durante la presentación de estos resultados, en el evento en línea “Un reconocimiento a la transparencia: impulsando la acción climática estatal a través del reporte y la transparencia en México” realizado por el CDP Latin America y la Comunidad Climática Mexicana (CCM), se reveló que 21 estados afirmaron que la deforestación es un problema para su territorio, y reconocieron como principales detonadores a los incendios forestales, el cambio de uso de suelo para ganado, la tala ilegal, y la agricultura a pequeña y gran escala, lo que ha derivado en una afectación de 84% de todo el territorio nacional.
El informe detalla que frente a la situación de deforestación actual, diversas medidas han sido desarrolladas por los estados, tales como mejorar el desarrollo rural sustentable; aumentar la resiliencia de negocios y de personas al estimular cadenas de suministro sostenibles; conservar la biodiversidad, y mantener la calidad de los suelos y del agua. Asimismo, entre las principales fuentes financieras para la implementación de los programas de REDD+ jurisdiccional en estados mexicanos, se identifican acuerdos bilaterales con el Green Climate Fund (GCF), el programa UN-REDD+, y mecanismos voluntarios del mercado de carbono.
En el documento, se recomienda acelerar las acciones para reforestar bosques, restaurar ecosistemas dañados y desarrollar soluciones de conservación, lo cual es un reto para los estados, pero también es una oportunidad para unir esfuerzos entre los gobiernos subnacionales y los actores de la sociedad civil, la academia, las empresas y el sector financiero.
La nota factual muestra que, si ciertos territorios de México llegasen a enfrentar sequía severa, extrema o excepcional durante un mes, las pérdidas anuales del PIB podrían ser de entre tres y cuatro mil millones de dólares en el sector de manufactura y de hasta 1.6 mil millones de dólares para el sector agrícola.
Entre los avances, es de destacar que 13 estados tienen un plan de acción climática integrado que aborda tanto las estrategias de adaptación y de mitigación como la reducción de riesgos derivados de la crisis climática. Por otro lado, las cinco entidades federativas con mayor número de acciones de adaptación reportadas en 2022 fueron Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Yucatán y Colima.
Durante el evento, se reconocieron las contribuciones de los 26 estados a la mitigación y adaptación climática. Con ello, se busca impulsar una mayor integración y acceso a los procesos internacionales sobre el clima a través de la divulgación de sus acciones y políticas climáticas.
Rebeca Lima, directora ejecutiva del CDP Latin America, aseguró que esta etapa de divulgación de datos es muy relevante y que se potencia cuando estos datos se traducen en productos y materiales, pues con ello se visibilizan no solo los impactos del cambio climático en los estados mexicanos, sino también las acciones que están implementando para hacerle frente
“Es necesario tomar acción para lograr una economía próspera que funcione para las personas y el planeta a largo plazo, y a través de esfuerzos colaborativos entre múltiples actores, se pueden lograr estos objetivos”, afirmó.
