La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Nuevo León, Anabel Alcocer Cruz, encabezó este día una rueda de prensa y acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia formal por hechos que podrían constituir el delito de peculado, previsto en el artículo 223 del Código Penal Federal, así como otros posibles delitos derivados de las investigaciones relacionadas con Samuel Alejandro García Sepúlveda, Mariana Rodríguez Cantú y quienes resulten responsables.
Anabel Alcocer Cruz estuvo acompañada por el senador Alejandro Murat, diputadas federales, así como por las y los diputados locales encabezados por su coordinador Mario Soto Esquer, Secretarias y Secretarios del Comité Ejecutivo Estatal encabezados por el Secretario General René González, además de liderazgos del partido como la senadora Judith Díaz, el senador Waldo Fernández y la maestra Clara Luz Flores Carrales.
Durante su posicionamiento, la dirigente estatal señaló que la denuncia se sustenta en información pública difundida por el periódico EL NORTE, donde se documentan presuntas operaciones de triangulación de recursos públicos del Gobierno del Estado de Nuevo León hacia un despacho jurídico presuntamente vinculado al Gobernador.
De acuerdo con las investigaciones periodísticas, empresas proveedoras del Gobierno estatal habrían recibido recursos públicos y posteriormente realizado transferencias millonarias hacia empresas relacionadas, para finalmente terminar en cuentas vinculadas al despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”. Estas operaciones, según lo publicado, involucran movimientos por decenas de millones de pesos realizados incluso en cuestión de horas.
La presidenta estatal afirmó que los hechos denunciados son sumamente graves, ya que podrían implicar el desvío de recursos públicos federales y estatales para fines distintos a los autorizados por la ley.
Asimismo, recordó que el artículo 223 del Código Penal Federal establece claramente que incurre en peculado el servidor público que distraiga recursos públicos para beneficio propio o de terceros.
Además, destacó que existen elementos suficientes para justificar la competencia federal en este caso, debido a que los recursos podrían provenir de fondos federales y las operaciones financieras descritas incluyen transferencias interestatales e internacionales.
”Como representantes públicos, tenemos la obligación de exigir transparencia, legalidad y rendición de cuentas. No podemos permitir que existan dudas sobre el destino del dinero público, especialmente ante señalamientos tan delicados relacionados con posibles esquemas de triangulación financiera” expresó Anabel Alcocer Cruz durante la rueda de prensa.
Finalmente, solicitó respetuosamente a la Fiscalía General de la República realizar una investigación seria, objetiva y exhaustiva, que permita el esclarecimiento de los hechos y, en caso de acreditarse responsabilidades, se actúe conforme a derecho, sin privilegios y sin distinción alguna.
