Una mayor formación contra los abusos, mejores mecanismos de verificación y, en particular, un “enlace activo” en la comunicación con las víctimas son las recomendaciones del Vaticano para avanzar en la lucha contra esta lacra en México.
Las recomendaciones están recogidas en el primer informe de la Comisión de Protección de Menores presentado este martes en el Vaticano.
Se trata de las conclusiones de la visita ad limina de la conferencia episcopal mexicana en 2023, con las que junto a las de otros 19 países de todo el mundo se ha realizado este primer Informe anual, a petición del papa Francisco, sobre “las políticas y procedimientos de tutela en la iglesia”.
En sus encuentros con los obispos mexicanos, que visitaron divididos en tres grupos el Vaticano en abril, mayo y junio pasados, la Comisión ensayó un proyecto piloto que consistía en un serie de 10 preguntas a los integrantes de la conferencia episcopal.
Recibió 20 respuestas, equivalentes al 20 % del total.
Fruto de ello, la Comisión, que ha acogido la invitación oficial de visitar México para ofrecer acompañamiento a la iglesia, destaca varios desafíos marcados por “la existencia de importantes barreras culturales en la denuncia de irregularidades que constituyen claros impedimentos al proceso de justicia”.
Existe “cierta complejidad en la gestión de las relaciones con las autoridades civiles”, mientras que “las diferencias entres los estados en términos de legislación, recursos profesionales y condiciones geográficas”, han llevado a “presentar denuncias ante las autoridades eclesiásticas en lugar de ante los tribunales civiles” lo que muestra “dificultades para establecer una relación de confianza mutua con el sistema judicial”.
La Comisión también destaca la importancia de “desarrollar los mecanismos de verificación y control integrados en la infraestructura de protección diocesana” y destaca la preocupación de la Conferencia Episcopal por la lentitud de los procedimientos y de las actualizaciones del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Asimismo subraya el papel del Dicasterio “a la hora de tratar rápidamente aquellos casos en los que los propios obispos están implicados en negligencia o incumplimiento del deber o son presuntos autores directos de delitos”.
También se pide una mayor financiación nacional para la formación en el ámbito de la tutela y a los servicios de acompañamiento de las víctimas/sobrevivientes “y, sobre todo, a la luz del interés y entusiasmo por la formación en materia de tutela expresado especialmente por los fieles laicos”.
A pesar de la existencia de un Consejo Nacional para la Protección, la Comisión “constata la necesidad de un servicio más completo de acompañamiento de las víctimas/supervivientes a nivel diocesano”.
Así, las recomendaciones finales son:
-Establecer requisitos formales y garantizar a todos los agentes de pastoral el acceso a la formación continua para alimentar una cultura de la tutela.
-Establecer relaciones formales y estables con las autoridades civiles, en particular con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
-Desarrollar mecanismos de verificación y control en todos los niveles de la infraestructura de protección. La Comisión está disponible para acompañar el desarrollo de dichos mecanismos y/o proporcionar brindar apoyo directo utilizando su propia herramienta de seguimiento y control.
-Desarrollar un protocolo de comunicación para establecer un enlace activo con las víctimas/supervivientes.
