Redacción
México se mantiene estancado en la percepción de corrupción y con un largo camino por andar, al no alcanzar ni el uno por ciento en sentencias condenatorias, en relación con el número de denuncias que se reciben.
Ante ello, resulta urgente concretar cambios legislativos e institucionales para homologar el Código Penal en todo el país y tapar todos los huecos legales que se anteponen a la aplicación de la ley, concluyó el estudio “Fiscalías anticorrupción, Transparencia, autonomía y resultados” de ITAC Digital.
Durante la presentación del documento “Fiscalías anticorrupción. Transparencia, autonomía y resultados. 2ª Edición”, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Mariana Cendejas Jáuregui, investigadora de la ITAC Digital, señaló que la existencia de un Código Penal único, allanaría el camino para evitar muchas dificultades en el registro de los delitos y su persecución de una entidad a otra.
Detalló que, entre los hallazgos del estudio realizado en 2022, destaca que los resultados de las fiscalías en su mandato de combate a la corrupción, siguen siendo muy bajos porque el número de sentencias condenatorias es de 243 en contraste con las de 31 mil 445 carpetas de investigación que se abrieron en el periodo de 2019 a 2021.
“Solo 18 fiscalías reportaron haber obtenido sentencias condenatorias, la Fiscalía General de la República no reporta sentencias condenatorias a pesar de ser la segunda con mayor presupuesto y personal. Solamente 13 fiscalías reportaron haber obtenido montos por hechos de corrupción a pesar de que menos de la mitad. La cantidad total de dos mil 955 millones 233 mil 715 pesos.66 de montos recuperados sería más que suficiente para cubrir el presupuesto total asignado al Tribunal de Justicia Administrativa en 2022”, dijo.
Agregó que esa cantidad, alcanzaría para cubrir el presupuesto de las 18 fiscalías que otorgan información sobre este rubro el cual asciende a dos mil 069 millones 222 mil 852 pesos, al tiempo que señaló que Baja California, sigue sin nombrar a las personas titulares de esas fiscalías y que Baja California Sur lo hizo a penas el pasado 16 de marzo y que, por tanto, sus sistemas anticorrupción, siguen incompletos.
“Todavía tenemos un camino largo que andar en este tema de autonomía de las fiscalías no solo de las generales sino las anticorrupción en particular. Nos toca insistir como académicos y sociedad civil, estarles jalando las orejas tanto a los fiscales como a los legisladores de que no se metan en donde no les llaman y que verdaderamente dejen a los fiscales ejercer autónomamente su responsabilidad”, precisó.
En cuanto al acceso a la información pública en las fiscalías del país, Cendejas Jáuregui, destacó que Chiapas lo hizo muy mal, por obvias razones las Baja Californias y Oaxaca con un problema de recursos porque el fiscal general no le da el dinero que le asignan, esta fiscalía envío información en tantos documentos que es muy difícil procesarla para su análisis.
El Estado de México con un enorme presupuesto, mayor incluso al de la Fiscalía General de la República (FGR) reportó bajos resultados en cuanto a carpetas determinadas en pro del combate a la corrupción y en sentencias condenatorias (48) en relación con las denuncias recibidas (8629).
En contraste, expuso que la fiscalía de Tlaxcala, a pesar de su pequeño presupuesto, ha logrado obtener 75 sentencias condenatorias, ubicándose en el primer lugar de la tabla de este indicador seguido por el Estado de México y Querétaro que está dando muy buenos resultados mientras que, la fiscalía de la Ciudad de México, lo está haciendo muy mal ya que archivan sus carpetas, no ejercen la acción penal y se abstienen de investigar en el 76% de los casos.
