Redacción
De aprobarse en el Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia administrativa presentada por el Ejecutivo Federal, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), externa su preocupación por las serias repercusiones que implicaría.
Por medio de un reporte, el organismo refirió que la iniciativa plantea modificar 23 leyes federales y de acuerdo con el proceso legislativo, podría ser aprobada en el presente periodo ordinario de sesiones, es decir, durante el presente mes de abril.
“En el IMEF consideramos que de aprobarse este Proyecto de Decreto sin cambio alguno se atentaría contra el Estado de Derecho, convirtiéndose en un inhibidor de la inversión en el país, al trastocar la seguridad y certeza jurídica de los ciudadanos y empresas dejándolos en estado de indefensión frente a actos de gobierno que pueden resultar arbitrarios y sin fundamentos objetivos”, sostuvo el organismo,
En ese sentido, recordó que la inversión, que es el pilar fundamental para el desarrollo de cualquier país, necesita condiciones de certidumbre jurídica en el tiempo, misma que estaría perdiéndose con las medidas propuestas.
El IMEF consideró que la aprobación de esta iniciativa de reforma se daría en un contexto en el que la economía nacional muestra niveles reducidos de crecimiento y requiere de una recuperación de la inversión, para lo cual el entorno internacional es especialmente propicio.
“El proceso de relocalización de las cadenas de suministro de América del Norte (nearshoring) representa la principal oportunidad de desarrollo para México en los próximos años y su aprovechamiento debe fundamentarse en una estrategia integral de fomento y certidumbre a la inversión”, apuntó.
Adicionalmente el instituto afirmó que, de aprobarse esta iniciativa, se atentaría contra el medio ambiente y los recursos naturales.
“Bajo este contexto, el IMEF exhorta al Congreso de la Unión a rechazar esta iniciativa de reforma como está planteada, a fin de mantener la certidumbre jurídica necesaria para un entorno económico y de negocios que contribuya al crecimiento del país, así como para alcanzar mayores niveles de bienestar social y reducir las diferencias entre las regiones”, afirmó el organismo.