martes, agosto 4, 2026

En riesgo sostenibilidad de la política fiscal: CIEP

Redacción

De cara a los retos que enfrentarán las finanzas públicas en 2023, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) analizó las proyecciones de tres indicadores de la deuda pública: como porcentaje del PIB, por persona y la brecha fiscal. Así como sus posibles consecuencias, en la investigación ‘Reporte sobre la sostenibilidad fiscal. Análisis y prospectivas del Paquete Económico 2023.

“Un sistema fiscal es sostenible cuando los recursos son suficientes para cumplir con las obligaciones públicas y, por consiguiente, cuando es balanceado entre las personas actualmente vivas y las futuras generaciones”, afirmó la organización civil.

En este sentido, el CIEP refiere que la tendencia a largo plazo de la política fiscal apunta a una mayor inequidad intergeneracional y a riesgos en la sostenibilidad fiscal: desde 2009, se ha gastado por encima de lo recaudado, lo que deriva en un mayor endeudamiento.

“Por lo que, para no heredar deuda a las futuras generaciones, a partir de 2030, los ingresos públicos tendrían que aumentar 32.2 por ciento o disminuir el gasto público 26.2 por ciento”, apuntó.

El CIEP afirmó que lo anterior implica que el desbalance fiscal en 2023 no es sostenible en el largo plazo, es por ello que, para aumentar la productividad laboral y que las futuras generaciones tengan las herramientas para enfrentar cualquier obligación heredada, se debe priorizar el gasto en salud y educación.

No obstante, recordó que cada año aumentan las presiones en el gasto público por pensiones, así como el pago de intereses y servicios asociados a la deuda pública. Para 2023, se destinaría el 33.9 % del presupuesto a ambos conceptos.

Finalmente, el CIEP dijo que la sostenibilidad de las finanzas públicas se basa en supuestos macroeconómicos optimistas y en indicadores que no incorporan efectos demográficos y de largo plazo, además de que depende de variables inciertas que no son controlables directamente por el gobierno, por lo que existen riesgos para la sostenibilidad fiscal y para la equidad intergeneracional.

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