Una jueza federal suspendió de forma indefinida la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ordenó devolver su control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Y no sólo eso, sino que en caso de que la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena ya haya comenzado, los recursos deberán restituirse a la SSPC en base al Presupuesto de Egresos de 2022.
La jueza novena de Distrito con residencia en el estado de Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó la suspensión a la Unión Caminos México, representada por Ángel Castro Gómez.
La organización civil alegó que si la Guardia Nacional para a la Sedena crece el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los derechos humanos, ya que su incorporación podría generar un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión.
Argumentó que la seguridad pública no es de carácter militar, sino que es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, entidades federativas y municipios, tal y como lo marca el artículo 21 de la Constitución Mexicana.
La suspensión definitiva debe otorgarse con base a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y precedentes de la Corte Interamericana.
La suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues ´solo continuará bajo el mando civil, tal y como establece la Constitución.