El ministro ponente Luis María Aguilar retiró el proyecto sobre prisión preventiva oficiosa para construir una nueva propuesta que contenga los puntos de coincidencia entre los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes en su mayoría señalaron que esta medida cautelar es contraria a los derechos humanos y que a este tribunal no le compete reformar la Constitución.
Señaló que la SCJN debe intentar un consenso sobre la prisión preventiva oficiosa para todas las posibles víctimas: tanto a las víctimas directas de un delito, pero también para proteger a los imputados de un delito que pueden convertirse en víctimas del sistema penal que les ha coartado la libertad.
Además, mencionó que la mayoría de los ministros sostuvieron que la prisión preventiva es contraria a los derechos humanos, por lo que se debía construir un nuevo proyecto que contenga las coincidencias de los ministros.
“Se está perfilando una mayoría muy robusta en torno a sostener que el uso desproporcionado de la prisión preventiva es contrario a los derechos humanos. Debemos partir de esa base para la construcción de una sentencia que integre y armonice las diversas posturas de los integrantes de este tribunal”, dijo.
Asimismo, enfatizó que nunca propuso desaparecer la prisión preventiva oficiosa ni la liberación de las personas que están bajo esa medida cautelar, sino pidió activar el mecanismo de revisión de medidas cautelares previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Mencionó que su proyecto tampoco proponía la inconstitucionalidad ni “quitarle hojas a la norma fundamental y con ello vulnerarla. El centro de la propuesta fue reconocer que la propia Constitución establece un mecanismo para proteger los derechos humanos”.
Durante dos días, los ministros discutieron el proyecto del ministro Luis María Aguilar, el cual establece que la prisión preventiva es contraria de los derechos humanos y de la presunción de inocencia. Además, fija que en caso de que se utilice, el Ministerio Público debe justificarlo.