El Comité Ejecutivo Nacional y los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, se comprometieron a verificar que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) no asigne recursos a las Fuerzas Armadas para labores que no sean de su competencia, como construcción de obra pública, gestión y administrador de obras, puertos, aeropuertos, aduanas, entre otras.
Durante una reunión con representantes del colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por más de 300 organizaciones civiles, activistas, académicos, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, se comprometieron a promover el fortalecimiento de las policías civiles en los estados y municipios en donde gobierna el PAN.
Se comprometieron también a llamar a cuentas a las autoridades federales que han cedido funciones administrativas a militares, votar en contra de cualquier iniciativa tendiente a que la Guardia Nacional (GN) forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y presentar recursos de inconstitucionalidad si el Ejecutivo presenta un decreto en ese sentido.
En el encuentro participó el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, quien aseguró que el PAN buscará seguir combatiendo por las vías legales la militarización del país, tanto en las tareas de seguridad como en las administrativas, porque la sobre exposición de las Fuerzas Armadas las expone a la complicidad y a la corrupción.
Advirtió que las tareas administrativas como la construcción de trenes, bancos, aeropuertos, manejo de aduanas y vacunación, puede generar una complicidad perniciosa entre el gobierno federal y las Fuerzas Armadas, porque hoy manejan una gran cantidad de recursos legales, pero así también están expuestas a manejar recursos ilegales.
Cortés Mendoza afirmó que, en los hechos, la Guardia Nacional ya es militar y no está funcionando, ya que en materia de seguridad el país se está incendiando, salvo en algunos estados de Acción Nacional donde que están tomando medidas en fortalecer policías civiles.
Señaló que el crimen organizado tiene el control de varias regiones del país a través de retenes y controla todo el comercio y precio de productos de consumo básico.
Ante la difícil situación, sostuvo que “debemos de apostar por la generación de oportunidades de trabajo, por el fortalecimiento del tejido social, los valores y por pacificar al país, porque tenemos un Estado que por un lado militariza, y por el otro, se doblega o pacta en los hechos con el crimen”.
“No queremos una militarización del país, ni en seguridad, ni en tareas de gobierno civiles, tienen en nosotros un aliado en su causa, que es lo que nosotros buscaríamos, actuar como aliados en lo mismo, que el problema y riesgos puedan visibilizarse más, desarrollar diferentes tipos de foros y diálogos, en diferentes estados, para que se conozca la problemática y para que se sepan los riesgos”, anotó.
Participaron en la reunión los integrantes de Amnistía Internacional México, Edith Olivares y Andrés Pacheco; de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Lucía Chávez; de México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez; de Intersecta, Adriana Ortega; de Seguridad Sin Guerra, Susana Camacho; y del Observatorio Nacional de la Guardia Nacional, Genaro Ahumada.
Por el CEN del PAN el secretario General Adjunto, Juan Carlos Terrazas; el secretario de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Omar Miranda Romero; la secretaria de Promoción Política de la Mujer, Laura Esquivel Torres; el secretario de Asuntos Indígenas Arturo Hernandez y el coordinador Nacional de Síndicos y Regidores, Luis Aguilera Orta.
Por los legisladores intervinieron el coordinador del GPPAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto; y la diputada federal, Paulina Aguado Romero.
