Redacción
Las medidas tomadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria de México en el sector energético de México suponen “un trato discriminatorio a las empresas privadas con efectos contrarios a la competencia”, según un informe publicado por BBVA Research en el país norteamericano.
La entidad española considera que las medidas emprendidas por el Gobierno azteca para limitar la participación de empresas privadas en la industria energética tiene “efectos contrarios a la competencia al generar incertidumbre en las inversiones”.
Asimismo, critica que las medidas limitan las posibilidades de competir en el mercado energético y otorgan ventajas exclusivas a Pemex, la petrolera estatal del país.
En concreto, BBVA Research señala la medida emprendida el pasado 1 de junio por parte de la Secretaría de Hacienda, por la cual se resolvió modificar las reglas generales de comercio exterior y se concedió la “autorización para el despacho en lugar distinto al autorizado”, mediante la cual se restringe a las empresas privadas la entrada o salida de mercancías del territorio nacional por un punto o puerto distinto al autorizado previamente.
No obstante, las empresas productivas del Estado como Pemex son las únicas que pueden recibir autorización para importar desde cualquier punto. Entre las mercancías afectadas por estas medidas, se encuentran los hidrocarburos y los productos petrolíferos.
“Limitar la capacidad de las empresas privadas para decidir el punto de importación más eficiente eleva artificialmente los costos para abastecer su red de estaciones de servicio y atender a clientes de otros sectores industriales”, advierte el análisis.
De hecho, el informe de la entidad sugiere que esta práctica “podría ser violatorio del T-MEC”, el acuerdo de libre comercio establecido entre Estados Unidos, Canadá y México, ya que afecta a inversiones de empresas extranjeras e inhibe la libre competencia a favor de las empresas estatales.
Adicionalmente, el informe resalta la medida emprendida por el Gobierno por la que se suspendía a 82 empresas extranjeras del Padrón de Importadores y Exportadores, bajo el argumento de faltas administrativas a los requisitos del mismo.
La Administración de Andrés Manuel López Obrador explicó entonces que la base de esta decisión era contribuir a los esfuerzos para combatir la evasión y elusión fiscal en la importación de gasolinas. Sin embargo, el informe del banco indica que “no es claro en el comunicado que alguna de las empresas afectadas haya incurrido en esta actividad”.
Además, BBVA denuncia que este “trato discriminatorio” y suspensión de permisos van en contra de los principios bajo los cuales se dio la apertura del mercado de combustibles en 2017 y de las recomendaciones propias de la Comisión Federal de Competencia Económica.
En esta línea, ha avisado de que las medidas tendrán influencia en la decisión de las empresas privadas sobre ampliar o no su capacidad operativa en las cadenas de suministro para asegurar el abasto de gasolina y diésel a las estaciones de servicio, lo que constituirá un efecto “perjudicial” de la medida en el presente y futuro de las empresas privadas del sector.
A cierre del primer trimestre del año, las empresas privadas aumentaron su participación en el mercado de importación de petrolíferos alcanzando los 450.000 barriles, representando el 46,2% del mercado de importación.
