Por Francisco Romero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que emitirá un decreto para liberar a las personas que están en cárceles federales y que tengan más de 75 años de edad, así como para aquellos que lleven más de 10 años privados de su libertad y sin sentencia, y a las personas que hayan sido torturadas.
Así, en el marco de su conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo explicó que el beneficio no aplicará para personas que hayan cometido delitos graves, como el caso de homicidio.
Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero, explicó que ella estará a cargo de elaborar este decreto sobre personas privadas de su libertad. Este documento estará conformado por cuatro puntos:
- Internos en las cárceles federales que lleven más de 10 años sin sentencia y que cometieron un delito no grave, serán liberados. En este caso no importa ni la edad ni el delito. De estos, son 12,358.
- Adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles federales, que no hayan cometidos delitos graves, llevarán su proceso en domicilio.
- Adultos mayores de 65 años con enfermedad crónico degenerativas, que no hayan cometidos delitos graves, llevarán su proceso en domicilio.
- Las personas que aleguen tortura y se compruebe con el Protocolo de Estambul, serán liberados.
- El plazo de liberación no será mayor al 15 de septiembre.
En el marco de la conferencia, la también ministra en retiro mencionó que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para la obtención de una confesión dentro del penal.
“En este sentido vamos a caminar para presentarle al señor presidente el decreto de política carcelaria y de solicitudes que el gobierno hará a los jueces de ejecución para el beneficio de la prisión domiciliaria”, dijo.
Según la Segob en total hay 220 mil 114 personas en cárceles federales, de ellas 94 mil 547 (43%) es población no sentenciada y 125 mil 567 es población sentenciada (57%).
De los no sentenciados, 13% están por delitos de fuero federal y 87% por delitos de fuero común. Además, 8% se encuentran en centros federales y 92% , en centros estatales.
“No es posible que se tenga una dilación en la administración de justicia de tal manera que tengamos una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva. En muchas ocasiones son los abogados que interponen los diversos recursos que están en su derecho, y que también esto dilata la resolución”, dijo la secretaria de Gobernación.
