Por Francisco Romero
Luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática el pasado 6 de mayo a su contraparte estadunidense, en la que le solicita aclarar el financiamiento otorgado a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que encabeza Claudio X. González, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al gobierno de Estados Unidos a detener dicho financiamiento.
En el oficio entregado en la embajada, el gobierno de México reconoce como esencial y respetable el trabajo de la sociedad civil, lo mismo la lucha contra la corrupción, pero advierte que miembros de la organización, como Claudio X. González, han sido explícitos en su militancia contra el gobierno de México.
“Son un grupo opositor con fines políticos, por lo que el apoyarlos financieramente, va en contra de las relaciones de respeto mutuo y no intervención entre ambos gobiernos” detalla la misiva.
Al respecto, esta mañana el mandatario señaló que el apoyo de recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) hacia la organización privada, es una acción injerencista, reprobable y violatoria a la Constitución Mexicana, con características propias de actos golpistas.
López Obrador criticó que EU se esté tardando en hacer la investigación a la que se comprometió cuando recibió la carta diplomática, “sabemos que continúan entregando recursos a Mexicanos Contra la Corrupción y existe el compromiso del gobierno estadounidense de hacer una revisión; yo creo que se están tardando y lo digo de manera respetuosa”, indicó.
El mandatario también reprobó la omisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por no investigar el financiamiento a organizaciones, previo a las próximas elecciones, “aunque pedir que el INE investigue, es pecar de ingenuidad”, puntualizó.
Cabe señalar que en días pasados, integrantes del Consejo Consultivo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, criticaron la postura del Gobierno Federal ante lo que calificaron como un “acto intimidatorio” que atenta contra el ejercicio de sus libertades y derechos.
