Redacción
En un momento clave en la historia contemporánea de México, cuando se encaran los comicios más grandes en tanto están en disputa de 15 gubernaturas, múltiples ayuntamientos y alcaldías más la reconformación de fuerzas para 500 curules de la Cámara de Diputados federal, es imperativo revisar el papel de una importante porción de la población que no ha podido ejercer debidamente sus derechos políticos: las mujeres indígenas y afromexicanas.
Para subrayar la importancia de involucrar plenamente a estos grupos de mujeres y la manera de hacer sentir su representación, la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), la colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento (MUAFRO) y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir o ILSB.AC, realizaron el encuentro virtual “Mujeres indígenas y afromexicanas frente al proceso electoral 2021”, en donde se enfatizó la serie de obstáculos que siguen enfrentando estas poblaciones a pesar de diversos ajustes en la legislación electoral a fin de darles la debida representatividad.
Desde 2017 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que en 13 de los 28 distritos indígenas del país, los partidos políticos debían –en el marco de una clara acción afirmativa– postular de forma obligatoria candidaturas indígenas; sin embargo, resultado del proceso electoral 2017-2018 sólo tres mujeres indígenas ocuparon curules en el Congreso de la Unión. Así, se evidenció la usurpación de la identidad indígena para las candidaturas al interior de los partidos políticos.
Con ese antecedente, para el proceso electoral 2020-2021 la medida afirmativa para personas indígenas aumentó de 13 a 21 del total de los 28 distritos indígenas uninominales; y en el caso de las personas afromexicanas, es a partir de este año que se estableció la cuota afirmativa para que sean tres las curules que se ocupen mediante la vía de mayoría relativa.
En este proceso electoral 2021 las mujeres indígenas y afromexicanas siguen encontrando un panorama retador; en el camino a ejercer plenamente su derecho a la participación se enfrentan a un contexto de múltiples violencias y discriminación, racismo y omisiones en las instituciones electorales garantes de justicia que a pesar de las medidas afirmativas y cuotas étnicas suelen estar centralizadas y ajenas a las demandas de estos grupos, con lo que los costos que las mujeres han tenido que transitar por participar políticamente son de urgente atención.
En la reflexión estuvieron presentes funcionarias involucradas en el tema, de parte de Inmujeres estuvo la presidenta Nadine Gasman Zylbermann y la directora general para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social Anabel López Sánchez, Marina Martha López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos Indígenas, Carla Humphrey y Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejeras electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), además de representantes de mujeres que dieron lectura a un posicionamiento que dejó claro el papel del Estado como garante y facilitador de mecanismos para que las indígenas y afromexicanas accedan a los espacios públicos y de toma de decisiones que les permitan, en condiciones de igualdad y libres de violencia, una participación efectiva y sustantiva, para el ejercicio pleno de su derecho a la participación política, desde una perspectiva de género, incluyente e intercultural.
