Redacción
La International Chamber of Commerce México (ICC México) solicita atentamente al Congreso de la Unión rechazar la Iniciativa Preferente enviada por el presidente de la República para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, turnada a la Cámara de Diputados el pasado 29 de enero ya que, además de afectar a toda la industria productora de energías limpias, perjudicaría también profundamente y a largo plazo la reputación de México frente a los inversionistas privados nacionales y extranjeros.
Y lo anterior, argumentó la organización, al contravenir reglas y acuerdos alcanzados y formalizados previamente en tratados internacionales, además de afectar irreversiblemente los derechos humanos de los mexicanos relativos a la salud y a un ambiente sano y se contrapone a los principios de austeridad en el gasto del gobierno, porque tendrían que incrementarse los precios de la energía eléctrica al público o bien subsidiar con recursos públicos el consumo energético de la industria y los hogares mexicanos.
“En momentos en que la prioridad del país debería centrarse en la preservación de las empresas que aún se mantienen en pie y los empleos, además de la inversión de inversiones productivas, la recuperación de la economía y el desarrollo de condiciones más competitivas para la industria nacional, creemos innecesario y contraproducente someter al país a un debate donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sentenció previamente en contra de los principales argumentos de la iniciativa preferente de reforma, los cuales serían la base para juicios de amparo y/o arbitrajes nacionales e internacionales a que acudirían las numerosas empresas para defender sus inversiones”, explicó la ICC México.
Agregó que la aprobación de la reforma propuesta afectaría a usuarios finales (servicio básico y calificados), desarrolladores, generadores, permisionarios (autoabastecimiento / cogeneración) y sus socios autoabastecidos, permisionarios / contratistas (producción independiente) y en general a diversos sectores de la sociedad, a la salud de los mexicanos, al medio ambiente y la economía nacional.
Dijo que adicionalmente dichos cambios constituyen una falta grave al estado de Derecho y se contraponen a principios constitucionales y compromisos internacionales de México en tratados internacionales, lo que hace imposible la aplicación de dicha reforma y, por supuesto, da pie a los mecanismos de defensa para contrarrestarla.
“El Tratado de Libre Comercio México – Estados Unidos – Canadá (TMEC), el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés), hablan con todas las letras de la prohibición de los monopolios, la irretroactividad de la ley y el principio de progresividad en materia de derechos humanos”, advirtió.
Agregó que precisamente en este rubro en particular, los tratados señalan el derecho humano a un ambiente sano, particularmente la Agenda 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en su apartado 7 destaca específicamente el acceso a una energía asequible y no contaminante (Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos).
Afirmó que en el concierto nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe sujetarse a los principios constitucionales y de competencia económica como un ente regulado más en el mercado eléctrico, por lo que hacer lo contrario como lo propone la Iniciativa Preferente, generaría un trato discriminatorio por parte del Estado mexicano para las demás empresas participantes y establecería nuevamente un monopolio estatal. De igual forma, se estaría contraviniendo la Ley de Transición Energética.
Finalmente, lanzó un llamado a los integrantes del Congreso de la Unión para que en un análisis crítico y detallado, a través de un Parlamento Abierto, observen que las reformas planteadas a la Ley de la Industria Eléctrica en la Iniciativa Preferente irían en contra de los objetivos primarios referidos en la exposición de motivos como son, entre otros 1) Garantizar la calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional; 2) Evitar el incremento de las tarifas del servicio eléctrico en términos reales para el consumidor final; 3) Estimular la competencia en condiciones de equidad a partir de la mejora de la estructura de costos entre los participantes en el sector.
