Por Diana Domínguez
Especialistas en política laboral alertaron sobre el riesgo de desinversiones en México en caso de proceder la iniciativa para prohibir del esquema de subcontratación, conocido como outsourcing.
Ante la propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo que prohíbe la subcontratación de personal y el riesgo de que se ignoren las consideraciones de especialistas, el senador Francisco Salazar Sáenz, anunció que propondrá vías para evitar errores legislativos con altos costos para la clase trabajadora.
Durante el Foro “Outsourcing o Subcontratación; enredos de una Reforma”, organizado por el Instituto de Política Laboral en el marco del Parlamento Abierto que se realiza en la Cámara de Diputados, destacaron el riesgo de una sobre regulación que desaliente las inversiones y la generación del empleo.
Coincidieron en que estar de acuerdo en terminar con la simulación laboral y la delincuencia que ha usado esquemas de outsourcing y subcontratación, “no debe significar un cheque en blanco para fomentar la sobre regulación que desalienta el empleo y disminuye la recaudación fiscal”.
El presidente del Instituto de Política Laboral, Rubén López Malo, y abogado laboralista, argumentó su rechazo a la iniciativa presidencial por la prohibición y criminalización que pretende hacer de la subcontratación que actualmente está permitida en la Ley Federal.
Ello es posible que implique la pérdida de la competitividad y empleos en el país, pues muchas empresas que hoy en día operen de manera legal, dejarán nuestro país”, otras empresas buscarán ampararse ante los abusos que puede plantear una ley mal hecha.
En su participación, Alfredo Bernádez González, académico y especialista en relaciones laborales, hizo una analogía al mencionar el pasaje bíblico “a nadie se le ocurre echar vino nuevo en odres viejos” e insistió que esto significa la iniciativa presidencial cuando pretende que las viejas formas de contratación que fueron válidas en el siglo pasado se adecuen a las formas modernas de producción y trabajo globalizado.
Pedro Higuera Velázquez, quien es abogado fiscalista y Presidente de la Comisión Fiscal de Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), realizó un análisis de las implicaciones fiscales de la iniciativa del ley.
Argumentó que esta reforma se está diseñando con un espíritu recaudador derivado de las cargas fiscales que le representará a las empresas.
En su opinión, la iniciativa no deberá entrar en vigor el Primero de enero del 2021 como está propuesto ya que es fundamental analizar todas las implicaciones que tiene en el aparato productivo.
Pilar Manrique Medellín, Sindicalista con especialidad en Equidad y Género, hizo un breve recorrido sobre las posiciones que tienen algunos organismos internacionales como la OIT, ONU y la OCDE respecto al outsourcing y señaló en todas son coincidentes en la aprobación que esta figura laboral.
Dijo que “el crecimiento de la subcontratación a nivel internacional está relacionado con el mejor aprovechamiento de los recursos en una economía altamente competitiva y globalizada”, por lo que en otros países esta figura representa opciones de trabajo.
En este escenario y ante la posibilidad de que el Ejecutivo Federal no tome en cuneta las consideraciones de los especialistas y el sector productivo, el senador de la Repùblica, Francisco Salazar Sáenz, propondrá vías alternas para que las objeciones de los especialistas se tomen en cuenta y se eviten errores legislativos con altos costos para los trabajadores mexicanos.
